La acción judicial alega que estos trabajadores fueron desvinculados tras años de servicio sin recibir indemnización ni reconocimiento alguno por el trabajo realizado, a pesar de contar con evaluaciones destacadas. Según la demanda, el despido obedeció exclusivamente a razones políticas, argumentándose que los afectados no contaban con la militancia ni la confianza del alcalde Luksic.

El proceso judicial expone una situación crítica para el municipio, ya que la demanda solicita el pago de cerca de 200 millones de pesos, cifra que podría incrementarse a 400 millones de pesos al finalizar el litigio, debido a la acumulación de cotizaciones previsionales impagas.

El abogado Héctor Anabalón declaró: “La práctica de mantener a trabajadores sujetos a horarios y subordinación bajo
contratos precarios, como los encubiertos de honorarios, se ha masificado en el servicio público. Las autoridades tienen la responsabilidad de, al poner término a estas relaciones laborales, reconocer los años de servicio y regularizar la situación de los trabajadores, brindándoles la dignidad que merecen. Esta situación no es exclusiva de Huechuraba;
nuestra oficina representa a decenas de trabajadores en al menos cinco municipios de tres regiones distintas.”

Este caso pone en evidencia un problema estructural que afecta a numerosos trabajadores del sector público, quienes exigen el reconocimiento de sus derechos laborales y el cese de estas prácticas precarizadoras en el país.

Causa T-277-2026
2° Juzgado de letras del trabajo de Santiago